Paraguay y la economía subterránea vs. Realidad Social y Derechos

Primera parte: Paraguay y la economía subterránea

Según el informe de la Asociación PRO Desarrollo Paraguay de noviembre 2019 La Eficiencia del Gasto Público y su relación con la Informalidad 7ma. Edición, en 2018 la economía subterránea ascendió al 40,3% del PIB, equivalente a US$ 16.522 millones y comparando con el año anterior, que fue de US$ 11.652 millones, hubo un incremento del 41,79%.

Según los datos oficiales del Banco Central del Paraguay, el PIB asciende a US$ 40.967 millones y si adicionamos ese sector, el PIB podría rondar por los US$ 57.489 millones.

Esto trae consecuencias como:

1. Un enorme mercado de economía informal que genera un ciclo improductivo. Círculo vicioso interminable:

a) Pobreza, sub-empleo, contrabando;

b) Baja calidad en educación, nutrición, vivienda y salud;

c) Enfermedad;

d) Mayor gasto en salud;

e) Reducción de ingresos.

2. Un justificativo civil y social de la deshonestidad, en especial a la evasión de impuestos y el contrabando. Ausencia de Moral tributaria.

El informe presenta tres partes + conclusiones:

Sección I La eficiencia del Gasto Público y su relación con la informalidad

Sección II Potencial de inversiones en el sector energético nacional

Sección III Cálculo de la Economía Subterránea

También presenta definiciones:

¿Qué es la Economía Subterránea?

Se entiende por todo tipo de actividades económicas que están ocultas para evitar su medición y precisamente para evadir impuestos. Por lo tanto, las actividades, en sí mismas, pueden ser legales o ilegales.

Actividades ilegales son los ingresos personales no reportados, las actividades comerciales no declaradas, sub-empleo, empleo disfrazado, entre otras. También actividades de comercio de bienes robados, falsificaciones, piratería, producción y comercialización de estupefacientes, prostitución, juegos ilegales, entre otras.

¿Qué es la Economía informal?

Son las actividades legales cuyos participantes no cumplen con obligaciones impositivas o regulaciones, como empleados sub registrados, que no reciben seguro social, vacaciones, aguinaldo, que no aportan para su jubilación. También aquellos comercios o profesionales que no emiten facturas, entre otros.

¿Qué abarca la Economía Subterránea?

• Evasión general de impuestos.

• Flujos financieros ilícitos y lavado de dinero.

• Dinero corrupto proveniente de salarios públicos irregulares, licitaciones públicas amañadas, fondos públicos malversados.

• Contratación laboral con evasión de previsión social.

• Contrabando.

• Comercio de bienes ilícitos (animales protegidos, especies vegetales protegidas como el palo santo, drogas, armas, órganos).

¿Por qué es importante medir la Economía Subterránea?

Si empresas evaden regulaciones e impuestos e incumplen con leyes laborales, esto no permite que los negocios expandan su nivel productivo y de competencia. En lo que respecta a los trabajadores, estos operan al 50% del nivel promedio de productividad frente a pares formales, ya que, en caso de algún accidente, enfermedad o cualquier tipo de dificultad no cuentan con los aportes que brindan los derechos laborales, esto los arrastra a bajar la productividad general del país y el nivel de vida.

Segunda parte: Realidad Social y Derechos

Desde mi punto de vista, la solución no es el Estado, el problema es el Estado.

Debemos entender el significado de Estado de Derecho.

El concepto de Estado de Derecho implica principalmente una limitación del poder. Se parte de la base de que el ejercicio de este poder no es absoluto y se encuentra limitado por normas jurídicas que fijan el ámbito de actuación de las autoridades y funcionarios públicos, y garantizan el reconocimiento y ejercicio de los derechos fundamentales de las personas.

La limitación impuesta por el Estado de Derecho a las autoridades y funcionarios se manifiesta con el principio de legalidad, según el cual una autoridad o funcionario solo puede actuar en la medida en que su actuación esté autorizada o permitida por el ordenamiento jurídico, a diferencia de los particulares que pueden hacer todo lo que no está prohibido. La limitación también se manifiesta con la división de poderes. Dispone la Constitución en el Artículo N° 3 que: “El gobierno es ejercido por los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial en un sistema de independencia, equilibrio, coordinación y recíproco control. Ninguno de estos poderes puede atribuirse, ni otorgar a otro ni a persona alguna, individual o colectiva, facultades extraordinarias o la suma del Poder Público. La dictadura está fuera de la ley”. Este principio exige el respeto a la institucionalidad democrática y a la independencia del Poder Judicial para garantizar una justicia imparcial.

El concepto de estado de derecho requiere además que el sistema institucional y jurídico garantice y proteja los derechos fundamentales de las personas, que tienen un reconocimiento universal en el sistema internacional de derechos humanos de las Naciones Unidas. Para garantizar estos derechos, se establecen mecanismos jurídicos de protección de las personas, fundamentalmente a cargo del Poder Judicial. Asimismo, al estar integrado al sistema internacional de derechos humanos, las personas pueden acceder a mecanismos de protección internacional en el marco del sistema interamericano y del sistema de la Organización de Naciones Unidas.

La relación de mandato que existe entre las autoridades y el soberano (Pueblo), en una democracia y la limitación de poder impuesta por el principio de legalidad implican obligaciones concretas para las autoridades y funcionarios públicos con respecto a los recursos que administra.

El mandato democrático en el Estado de Derecho no es conferido para que los triunfadores en una contienda electoral se apropien de los recursos públicos y satisfagan sus intereses personales o beneficien a una facción política o a grupos económicos privados. Por el contrario, dicho mandato obliga a las autoridades a administrar los recursos con el propósito de satisfacer los intereses de toda la ciudadanía, siempre bajo determinadas reglas, principios y procedimientos de cumplimiento riguroso.

La inclusión del concepto de Estado Social de Derecho conlleva además una dimensión activa, de eficacia, de una institucionalidad responsable de satisfacer el interés público.¹

Paraguay, al integrarse a la comunidad internacional se estableció como Estado Social de Derecho, eso quiere decir que se convirtió en un estado material (de cosas) para garantizar, o tratar al menos, la justicia social.

Más allá de lo que establece la teoría, que es la corrección del individualismo clásico liberal para la afirmación de los derechos sociales y a través de ellos realizar la justicia social, lo que sucede es que existe una concepción errada y, consecuentemente, la interpretación y la realización o la puesta en marca de las políticas tendrán resultados distintos. Es decir, normalmente, no se falla en el qué sino en el cómo y la interpretación es clave.

Estoy de acuerdo con lo que se establece en el preámbulo de la Constitución Nacional 1992, reconocer la dignidad humana con el fin de asegurar la libertad, la igualdad y la justicia, reafirmando los principios de la democracia… la protección de la vida y la propiedad privada. Con base en esto, no significa que para sacar a las personas de la pobreza se deban establecer impuestos para ayudarles sino que en vez de sacar dinero de un grupo de personas, el Estado actúe como un mediador, así como:

“Bueno, tenemos esta cantidad de personas en la pobreza y no trabajan, ¿qué podemos hacer? Propongo establecer normas para que trabajen ustedes con ellas y salgamos como país de la pobreza. No estableceré salario mínimo porque los ingresos están en función del rendimiento, de la productividad, por lo que necesitamos capacitar a estas personas. Hagamos escuelas, colegios y universidades.”

Hasta este punto, existe cooperación social. Al empezar a trabajar, algunos reciben más y otros menos por lo que el sistema de precios debe reflejar la conducta de la economía. Claramente, uno no puede subir el precio más allá de la capacidad del consumidor porque no vendería, pero sabemos que cuando la oferta aumenta, disminuye el precio, por lo que hay que aumentarla, o sea, si queremos alimentos más baratos, debe haber más productores de alimentos (ceteris paribus).

¿Qué sucederá después? Al haber más oferta, disminuye el precio y el consumidor premiará a los que son más eficientes comprándoles sus productos y todos se benefician. No debemos olvidar que algunos elementos que subyacen a la demanda son los gustos y preferencias, por lo que podría existir compradores que sigan comprando los mismo productos un poco más caros, bajo el supuesto de que al subir los precios no se venderá, no significa que los que suben de precio quebrarán ni tampoco que los que venden a bajo precio no venderán nada porque no les gusta. La economía es dinámica, cambiante en las modas, y en ese sentido, las funciones mínimas del Estado son seguridad y justicia, que son en las que debe ser bueno, y las personas que quieran entrar a una industria o sector para aprovechar la bonanza de la misma, el Estado debe intervenir en este sentido:

"Si al entrar B a la industria y A se da cuenta de que B le está haciendo perder el negocio, A no puede perjudicarle a B actuando deshonestamente para matarle comercialmente, y el Estado entra ahí para garantizar la libertad de trabajar lícitamente y la justicia es aplicada porque B tiene el derecho de trabajar."

Lo que debemos tener en claro es que con más Estado no implica que disminuya la pobreza, sucede lo contrario. Por supuesto no se descarta ayudar a quien necesita y con esa misión presente, para su realización, se requiere la generación previa de riqueza. El argumento de que la obra pública genera o aporta desarrollo no es del todo cierto porque el Estado se financia con impuestos, presentes o futuros, por lo que desplaza los recursos de un sector a otro, no crea nada, no crea riqueza sino destruye riqueza y lo hace tan mal porque malgasta el dinero público (3,9% del PIB Ineficiencia del Gasto Público) y en concepto de salarios es alto, dejando muy poco para inversión y recurre a deudas que todos estamos obligados a pagar, es decir, es una persona jurídica que no le interesa cuanto daño hace porque solo le importa recaudar. El sector privado tiene incentivos para ser eficiente porque uno solamente puede ser exitoso si vende un producto de mejor calidad al menor precio y el sector público no tiene ninguno porque hagan bien o mal, de igual manera recibe ingresos (impuestos y deudas).

Con respecto al mercado informal, las personas no delinquen porque les gusta delinquir sino que no encuentran otro camino a la propuesta de hambre que les da el Estado, a diferencia de otros grupos que van a solicitar subsidios para solucionar ese problema, lo cual eleva el costo para la población porque es la que paga los impuestos. Debemos comprender que cuando se fija el precio de un bien genera escasez y provoca que los costos sean más altos. El precio del trabajo es el salario y fijarlo (salario mínimo) provoca que no haya trabajo, y como los legisladores lo establecen queriendo dar dinero para salir de la pobreza sin tener en cuenta que el salario está en función de la productividad o rendimiento, se demanda menos trabajo y esa intervención no es la correcta porque hay más oferta que demanda, es decir, dejando mucha gente fuera del mercado formal y produce resultados contrarios.

Por otra parte, el aporte obrero patronal es del 25,5% (9% y 16,5%, respectivamente), que es costo sobre el trabajo, ¿no sería mejor que el trabajador reciba todo lo que produce y con su soberana decisión vaya a donde le ofrecen los mejores servicios?. Dado el informe expuesto de la economía subterránea del 40,3% del PIB, el sector privado formal es el que sale perjudicado porque, en realidad, la presión tributaria es del 25,13% (todo el sector público) y si sumamos los costos laborales, lo que se lleva el Estado es el 50,63% del sector privado formal, desalentando la oferta y debe ser al revés: hay que estimular para que genere puestos de trabajo y haciendo bien, al instante sentiremos los resultados, que todos estén trabajando, la economía crecerá y con ingresos aumenta la demanda.

En mi opinión, lo que tampoco se tiene en cuenta en la aplicación de los impuestos son los costos sobre ellos, es decir, el tiempo que lleva para liquidarlos, los actos administrativos y la compra de insumos, porque exige que se activen actividades obsoletas como papel, sellos, etc. por lo que para formalizar, los costos deben ser cero: aplicación de la tecnología para minimizar los costos, es decir, todo por internet y redireccionar esos recursos humanos y financieros a sectores más productivos, y colaboramos con la protección del medioambiente, como lo tenemos establecido como meta y como ley.

Con respecto a las leyes, debemos recurrir a la ciencia. La ley es una norma de conducta general, obligatoria, dictada por autoridad competente con miras al bien común². Este último carácter, el bien común, no es sino el bienestar general, que es a su vez la suma del bienestar individual. Este es el principio que está inmerso en todo el derecho y que debe ser observado por los legisladores y administradores de un país, que son elegidos precisamente para lograr, a través de sus políticas y estrategias de gobierno, el bien común, que es la suprema aspiración de todos los pueblos.

Podemos escuchar que hay buen clima para los negocios, para la inversión extranjera y que la actividad económica creció en el último año, pero sería muchísimo más y todos los paraguayos disfrutaríamos del crecimiento si la legislación laboral se actualiza, y otras normas que están siendo olvidadas, porque en la elaboración de modelos económicos no se tienen en cuenta estas y que la población siempre crece, no se detiene, por eso el PIB per cápita disminuye porque no se produce. Por eso se dice que el crecimiento económico debe ser por lo menos el doble que el crecimiento poblacional.

Podemos estar de acuerdo que el Estado debe participar, pero debe ser más pequeño y hacerlo de manera eficiente con leyes efectivas, más dinámicas, con base en la realidad social.

1Secretaría de la Función Pública, Manual de Inducción.

2Moreno Ruffinelli, José A. (2017). Derecho Civil Parte General Personas. Asunción, Paraguay: Continental.

Gasto Público

Iniciativa que promueve la transparencia y la eficiencia en el gasto público de la República del Paraguay Fuente: Base de Datos Boost del Ministerio de Hacienda, DNCP y solicitudes de informació...

https://gastopublico.pro.org.py/gastos/index.php/es/gastos-publicos

Observatorio del Gasto Público del Paraguay - Reloj del Gasto Público